El silencio institucional en Palacio de Gobierno ha generado controversia en Perú, especialmente tras la creación del cargo de vocero para Fredy Hinojosa por parte de la presidenta Dina Boluarte. A pesar de la existencia del premier Gustavo Adrianzén como portavoz autorizado del gobierno, Hinojosa se limita a comunicar actividades oficiales, generando malestar y cuestionamientos constitucionales. Este movimiento, además, implica un desembolso mensual de S/ 25 mil, en un contexto de aumento de la pobreza en el país.
El acceso al contrato de Hinojosa revela que sus funciones van más allá de la mera comunicación de actividades oficiales, actuando también como asesor adicional para la presidenta. Esto ocurre en medio de una profunda recesión económica y un aumento significativo de la pobreza, lo que refleja un gasto innecesario para la población peruana.
El cargo de Hinojosa ha sido objeto de críticas adicionales debido a su presunta falta de supervisión en asuntos relevantes. Por ejemplo, se le señala por no verificar la cantidad real de proveedores de alimentos en la Procuraduría del Midis, lo que podría haber permitido irregularidades. A pesar de estas acusaciones, Qali Warma ha negado la participación de Hinojosa en los hechos denunciados, afirmando que el programa cuenta con una estructura independiente a nivel nacional.
La polémica en torno al cargo de vocero de Hinojosa destaca las tensiones entre la necesidad de comunicación del gobierno y el uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en un contexto de crisis económica y social.
