Las recientes reformas legislativas introducidas por la Ley Bases para el gobierno argentino conllevan cambios significativos en varios ámbitos clave. Una de las modificaciones más destacadas es la delegación de facultades extraordinarias al presidente, permitiéndole tomar decisiones sobre emergencias administrativas, económicas, financieras y energéticas hasta mediados de 2025. A pesar de esta autoridad extendida, el ejecutivo está limitado por compromisos que excluyen la intervención en unos 15 organismos públicos.
Otro aspecto relevante es la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para promover proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años. Este régimen se enfoca en sectores estratégicos como energía, agricultura, minería (incluyendo litio) e infraestructura, buscando atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras a largo plazo.
En materia de privatizaciones, la ley contempla la venta de algunas empresas estatales, aunque limita esta medida a dos entidades: Intercargo, que opera en aeropuertos, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), responsable de hidrocarburos y transporte de combustible. Otras entidades como YPF, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos permanecerán bajo control estatal, mientras que ciertas empresas podrán pasar a ser gestionadas por capital privado mediante concesiones.
Además, la reforma incluye disposiciones para modernizar el régimen laboral y fomentar el empleo formal privado. Se eliminan sanciones contra el empleo informal y se ofrecen incentivos a los empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores. Estas medidas buscan estimular la contratación y reducir el riesgo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de enfrentar costosos litigios laborales.
En resumen, las nuevas normativas buscan otorgar herramientas al gobierno para manejar crisis económicas y administrativas de manera más eficiente, fomentar inversiones estratégicas y modernizar el mercado laboral. Aunque enfrentan críticas y desafíos, representan un intento por revitalizar la economía argentina y promover un entorno más favorable para la inversión y el empleo formal.
