En convenio del 2 de agosto de 2018, no cumplió con «privar a los delincuentes del producto del delito».
El 2 de agosto de 2018, cuando solo tenía cinco días como coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela no solo firmó un convenio a favor de Odebrecht, sino que habría vulnerado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En el Artículo 37 de esta norma, se precisa que cada Estado debe realizar la cooperación internacional sin permitir que los criminales gocen del dinero o bienes malhabidos.
“Que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto”, se lee.
Todo lo contrario se hizo con Odebrecht, empezando por lo firmado en la referida fecha: “Los hechos y/o medio de pruebas obtenidos, así como las pruebas derivadas de dichos hechos y/o medios de prueba, no serán utilizados en contra de la empresa, de sus funcionarios y/o exfuncionarios, ni compartidos con autoridades que no respeten este compromiso”.
Pero esto no era todo. Sin haber investigado siquiera, Vela Barba ponía en el punto 5 de su convenio inicial, otra cláusula de impunidad.
“El Ministerio Público, conforme a los objetivos de la colaboración eficaz, dispondrá la conclusión (archivamiento o sobreseimiento conforme a ley) de las investigaciones en Perú –y no iniciará otras–en contra de la empresa, de sus funcionarios y exfuncionarios”, acordaba el fiscal superior con representantes de la empresa corrupta.
Esto fue el primer paso el pago a Odebrecht de 524 millones de soles de la venta de la represa de Chaglla, el archivo de más de S/ 500 millones en deudas a Sunat, y otros beneficios, a cambio de nada.
