Por: Antonio Moleros
El pueblo peruano parece no estar tomando en serio lo que realmente se está destapando semana tras semana en los medios de comunicación, con pruebas en mano. La magnitud de este destape es mucho mayor que la de los famosos «vladivideos», que llevaron al fin del régimen de Alberto Fujimori.
Mientras la atención se concentra en figuras como Vladimir Cerrón, se deja de lado a personajes como César Acuña, Pepe Luna y Keiko Fujimori, quienes tendrían el poder absoluto en el ejecutivo y el legislativo sin ser investigados o cuestionados con la misma rigurosidad. Esto sugiere que las acusaciones infundadas contra Cerrón podrían estar sirviendo como una cortina de humo para desviar la atención y proteger a quienes realmente manejan los hilos del poder en el país.
Beto Ortiz tiene un pasado controvertido, pero eso no invalida las investigaciones periodísticas que actualmente está realizando. Estamos hablando de casos de corrupción que no solo involucran millones de soles, sino miles de millones, con la presunta participación de jueces, fiscales, altos mandos policiales y militares, así como políticos reconocidos. ¿Son estos grupos los que estarían detrás de las cortinas de humo, usando a Cerrón como distractor para que el público no vea la realidad? Desde mi punto de vista, esto podría ser posible. He notado que quienes empezaron a defender al Dr. Cerrón fueron rápidamente rechazados por los espectadores, y algunos de ellos, que dependen de las redes como fuente de ingresos, cambiaron inmediatamente su línea editorial, sumándose a los ataques contra él.
En el destape que hace el periodista, se cuestiona la lentitud del magistrado Juan Carlos Checkley y del fiscal Rafael Vela. Sobre estos cuestionamientos, hablaremos más adelante.
Hay muchos puntos que no debemos olvidar de lo ocurrido en el pasado reciente, y esto nos ayudaría a tener una mejor visión de todo lo que está sucediendo actualmente. Rafael Vela habría favorecido a Dina Boluarte, allanándole el camino para que asumiera la presidencia de facto del Perú. Según denuncias recientes, esto ocurrió a pedido del abogado de Boluarte. Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y amigo cercano de Vela, ha declarado que Vela ordenó al fiscal Richard Rojas «limpiar» el caso de Boluarte, quien enfrentaba un caso de lavado de activos. Inicialmente, Rojas habría preparado una solicitud de prisión preventiva para Boluarte, pero tras la conversación entre su abogado y Vela, la solicitud desapareció y Boluarte fue completamente desvinculada del caso. Esto sugiere que Vela ya sabía que Dina Boluarte se convertiría en presidenta del Perú. ¿Qué motivó esta «limpieza»? ¿Hubo incentivos ocultos?
Por otro lado, se dice que Vela ordenó la persecución de la familia Cerrón bajo cargos de lavado de activos, aunque hasta ahora solo son rumores que circulan en el ambiente político. Es probable que, tarde o temprano, la verdad salga a la luz y revele lo que podría ser una red criminal que involucra a figuras de alto perfil, incluyendo a personajes como «Chibolín».
Vela, crítico implacable de la familia Cerrón, parece haber ignorado otros casos, como el de «Chibolín», dándole aparentemente tiempo a empresarios, jueces y fiscales para eliminar cualquier evidencia incriminatoria. Esta teoría, expuesta en el programa de Beto Ortiz, sugiere que se están borrando pruebas clave en un entramado mucho más amplio que el «vladivideo», el cual provocó la caída de Fujimori. El magistrado Juan Carlos Checkley también estaría jugando un papel importante para evitar que este escándalo prospere.
Ahora, las sospechas sobre el «Chibolín Gate» apuntan hacia una red criminal vinculada a la minería ilegal, con lazos estrechos con la farándula, empresarios, jueces, fiscales e incluso personas cercanas al entorno de Boluarte.
Este contexto nos invita a reflexionar sobre la resistencia a las reformas del Código Penal en Perú. ¿Por qué los llamados «caviares», quienes controlan parte del sistema judicial, se oponen a las reformas? La respuesta parece evidente: el sistema actual les otorga protección. Si se modifican las leyes, toda esta estructura de corrupción podría colapsar, exponiendo sus conexiones.
Lo más preocupante es que, mientras esta revelación empieza a aflorar, se generan cortinas de humo para distraer al pueblo peruano. No sería descabellado pensar que los incendios recientes son parte de un esfuerzo por desviar la atención de un escándalo que involucra a figuras prominentes. El valiente trabajo periodístico de Beto Ortiz ha destapado una trama que afecta a jueces, fiscales y empresarios influyentes, personas que alguna vez fueron ejemplos a seguir para las nuevas generaciones de profesionales del derecho.
Frente a este panorama, el pueblo peruano no puede permitirse la indiferencia. La corrupción ha penetrado las esferas más altas del poder, y ahora más que nunca se requiere un despertar ciudadano que exija verdad y justicia. Es momento de abrir los ojos, porque lo que está en juego es el futuro del país.
