Se terminó su calvario. Tras 5 años de afrontar múltiples denuncias y pedidos de investigaciones, ayer se cerró un capítulo amargo en la vida del excongresista Héctor Becerril Rodríguez, quien en diálogo con LA VERDAD confirmó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República envió al archivo un pedido de investigación preliminar formulado desde la Fiscalía de la Nación por un aparente enriquecimiento ilícito.

Todo partió – según cuenta Becerril – a razón de la versión que diera la hoy investigada por organización criminal, empresaria Mirtha Gonzáles Yep, quien ante el exfiscal Juan Carrasco Millones relató que en abril del 2018 la persona de Robert Bernal Becerril le contó tenía a su nombre terrenos cuyos verdaderos dueños eran sus tíos Héctor y Wilfredo Becerril, terrenos con partidas registrales N° 11174358 y 11184347, denominados Solera 3 y Solera 4.

Sin embargo, se determinó que el terreno Solera 3 fue comprado en el año 1996 por Wilfredo Becerril y no entre los años 2011 y 2019 que era el tiempo que investigaba la Fiscalía de la Nación. Y, respecto a Solera 4, este – afirma – fue adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, por lo tanto, perdía peso la acusación de la existencia de un posible testaferro; más aun no existe en la denuncia constitucional un solo documento que acredite que Héctor Becerril haya comprado ningún predio en toda la región Lambayeque.

Sin embargo, lo más grave en este proceso seguido contra Becerril fue que “ni en las carpetas fiscales ni en la denuncia constitucional formulada por la fiscal Zoraida Ávalos existe el documento de requerimiento de la declaración de Mirtha Gonzáles Yep a la que hace alusión la Fiscalía de la Nación. Es decir, se incluyó ilegalmente un informe ampliatorio fuera del plazo de investigación y sin que exista disposición fiscal o providencia que lo solicite”, puntualizó Becerril en diálogo con este medio de comunicación.

Finalmente, respecto al supuesto desbalance patrimonial, la denuncia constitucional no consideró sus ingresos como congresista, por un monto de 96 mil 400 soles, los mismos que no fueron considerados en el informe pericial de la Fiscalía.

Fuente: Diario La Verdad

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