La detención preliminar del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por un plazo de 15 días, permite hoy conocer un sinnúmero de hechos irregulares – presuntamente – que eran investigados por el Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3), que ahora alista el levantamiento del secreto de las comunicaciones tras la orden emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, para el directivo y otras 12 personas.

Lozano Saavedra, sobre quien pesa la comisión de los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos; es sindicado de liderar la red criminal “Los Galácticos” desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la misma que estaría integrada por aproximadamente 21 personas.

Estas, según se advierte en la Resolución N° 1 del Expediente 056-2023, vinculadas a la ejecución directa de la disposición del patrimonio de la FPF a terceros, a través del aporte ilegal de dinero a clubes, ligas departamentales; así como haber gestionado conjuntamente con la junta directiva de la FPF una licitación pública donde existió un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports; y posteriormente coaccionar a clubes de la liga 1 2023.

Presidente de la FPF en los periodos 2019-2021 y 2022-2025, Agustín Lozano hoy ve complicada su situación legal, pues el Ministerio Público le atribuye inclusive el encargarse de proponer a la Junta Directiva para nombrar a personal de su confianza en cargos estratégicos dentro de la FPF, a finde llevar a cabo su plan criminal.

Entre otros hechos que el Ministerio Público investiga respecto a la participación de Lozano Saavedra figuran la modificación del reglamento Liga1 2023, sanciones a clubes opositores al acuerdo entre 1190 Sports y la FPF.

Asimismo, aportes y viaje al mundial de Qatar, así como los resultados de la auditoría forense 2017 – 2018 que advierte un aparente encubrimiento al exdirectivo Edwin Oviedo. También honorarios de abogados, uso indebido de las instalaciones de la FPF en provecho de personal no calificado como deportista, compra de deuda de clubes-SAFAP, apoyo económico a dirigentes de ligas departamentales de fútbol con motivo de la pandemia por Covid-19, indemnización al club Carlos Stein, entre otros.

Fuente: La Verdad

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