Una serie de irregularidades administrativas ha salido a la luz en la Municipalidad Provincial de Cutervo, involucrando a exfuncionarios de alto nivel en presuntos actos de colusión. Este caso, que está siendo investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, implica al exalcalde Aníbal Pedraza Aguilar y a otros exfuncionarios clave, como Manuel Teodoro Berrios Fernández, exgerente municipal, y Walter David Uchofen Morales, exgerente de administración financiera.
Los hechos.
El núcleo del caso se centra en la contratación de servicios de consultoría para la «Revisión Contable y Presupuestaria» de los años 2015 a 2018. Según la documentación obtenida, el contrato, firmado el 22 de noviembre de 2018 con el abogado Salomón Ernesto Chanduvi Piña, ascendía a S/33,200.00. Este proceso presenta múltiples anomalías: la falta de Términos de Referencia, la inexistencia de un perfil profesional adecuado para la naturaleza del servicio y la ausencia de un informe final que demuestre la ejecución del trabajo contratado.
El contrato se suscribió sin cumplir con las normativas establecidas, pues se obviaron requisitos fundamentales, como un proceso regular de selección y una justificación técnica. Más grave aún, el acusado Chanduvi Piña, cuyo título profesional es de abogado, no contaba con la experiencia ni la formación necesarias para realizar un análisis contable y presupuestario, tarea reservada a contadores públicos según la Ley de Profesionalización del Contador Público.
El pago y el perjuicio económico
Pese a las observaciones de algunas áreas técnicas dentro de la Municipalidad, se realizó un primer pago de S/16,600.00, equivalente al 50% del total contratado. Este desembolso fue aprobado sin que se presentara evidencia suficiente del trabajo realizado, basado únicamente en un «Plan de Trabajo» preliminar. Posteriormente, el proveedor intentó cobrar la segunda armada, sin embargo, no se encontraron registros del informe final ni justificaciones que avalaran dicho pago.
La investigación fiscal ha identificado un perjuicio económico a la entidad por el monto desembolsado, ya que el servicio contratado no se ejecutó según lo estipulado. Adicionalmente, la Fiscalía encontró indicios de que esta contratación se realizó bajo directrices verbales del entonces alcalde Pedraza Aguilar, contraviniendo las disposiciones legales y administrativas.
Responsabilidades y procedimientos irregulares
El peritaje contable encargado por la Fiscalía concluyó que la contratación y el pago fueron irregulares, destacando que se incumplieron los procedimientos básicos de contratación pública. Además, se determinó que el servicio contratado superaba el límite de contratación directa permitido por ley. Las áreas de Gerencia Municipal y Administración Financiera facilitaron la ejecución del contrato, a pesar de las múltiples alertas internas sobre la falta de documentación y justificación del servicio.
Implicados y proceso judicial
El caso está ahora en manos del Poder Judicial, donde los acusados enfrentan cargos por el delito de colusión agravada. La Fiscalía ha solicitado penas severas, dado que el caso involucra no solo un perjuicio económico directo, sino también un incumplimiento grave de los principios de legalidad y transparencia en la gestión pública.
Este proceso judicial se perfila como un paso importante en la lucha contra la corrupción en la región, con el objetivo de sentar un precedente que disuada futuros actos ilícitos en la administración pública.
Información de Otra Prensa.
