Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que plantea regular los efectos jurídicos de la unión civil, institución constituida por personas del mismo sexo o del sexo opuesto, de autoría del congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País).
En efecto con 12 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 02803/2022-CR que busca garantizar los derechos y garantías de los bienes y de la propiedad de las parejas del mismo sexo que hacen una vida en unidad.
Antes, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) decidió retirar su Proyecto de Ley 05584/2022 para que la iniciativa de Cavero Alva continue con su proceso. Aclaró que su inspiración se basó en las iniquidades que sufren las personas homosexuales, por ser objetos de discriminación.
Fue después de un amplio debate en el que fue rechazada una cuestión previa para un mayor estudio y presentación de un nuevo dictamen, formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), por 14 votos en contra y 11 votos a favor; y un pedido de reconsideración a la votación que aprobó el dictamen, presentado por el mismo parlamentario, en la que obtuvo 12 votos en contra, siete a favor y tres abstenciones.
La propuesta, con cargo a redacción, incluyó modificaciones al artículo 1 de la iniciativa legislativa, planteadas por el congresista Cavero Alva “para que no haya discusión de si se involucra o no la concepción o constitución de familia”. En ese sentido, dijo que define la unión civil como un acuerdo de voluntades.
Asimismo, dijo que para evitar que se diga que se pretende cambiar el estado civil de las personas, la unión civil se constituye en registro de personas naturales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; y se propone que los bienes que adquiera cualquiera de los dos convivientes civiles durante la unión civil, se rigen por lo dispuesto en el numeral 5 del referido registro, que estipula que se puede optar por un régimen común o por separado.
Tras esta decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Isaac Mita (PL), el referido dictamen deberá ser incorporado a la agenda del Pleno para ser debatido y votado por la representación nacional.
EL DEBATE
Cavero Alva afirmó que es totalmente posible que un acuerdo de voluntades constituya ámbito patrimonial y otros derechos que los sucesorios, como la pensión por si uno de los dos fallece, decidir medicamente en caso de gravedad, poder visitar en un establecimiento penitenciario a su conviviente civil y otros.
Destacó que éstos y otros aspectos deben ser regulados a través de la ley, lo cual es reconocido como una necesidad en la sociedad.
La congresista Gladys Echaíz (HyD) sostuvo que no puede calificarse la unión civil como concepto de familia y consideró que no se debe legislar en forma contraria a lo establecido por la Constitución. Asimismo, que se puede regular de otra manera para evitar la discriminación existente. En esa misma línea se pronunció la congresista Tania Ramírez García (FP).
Así también Echaíz consideró que la exposición verbal del proyecto argumentaba una cosa, mientras el texto señalaba otra, lo cual tenía que ser aclarado para no confundir a los integrantes de la comisión.
No fue de la misma opinión el legislador José Jerí Oré (SP), quien sostuvo que en la propuesta no se plantea el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino el derecho patrimonial al que tienen derecho todos los miembros de la sociedad y aborda un tema que es parte de la realidad y es reconocida en diversas partes del mundo. Asimismo, manifestó que el debate no es de ahora, sino de hace más de 20 años en los que no se ha resuelto el tema.
El congresista Muñante Barrios (RP), por su lado, indicó que la propuesta vulnera la Constitución, porque equipara y hace equivalente los derechos a la institución del matrimonio y uniones de hecho, establecidos en la Carta Magna.
COMISIÓN ESPECIAL
Más adelante fue aprobado, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 06962/2023-CR, de autoría del congresista Américo Gonza Castillo (PL), que propone la Ley que crea la Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un Nuevo Código Penal actualizado, recogiendo el trabajo existente de las comisiones anteriores.
Fueron 12 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.
CUARTO INTERMEDIO
De otro lado, para un mayor estudio y a pedido de algunos congresistas, entre ellos José Balcázar Zelada (PL), se dejó en cuarto intermedio la propuesta de insistencia de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que plantea una ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de incrementar la pena del delito de recepción e incorporar circunstancias agravantes.
El dictamen comprende los Proyectos de Ley 02257/2021-CR, 02325 /2021-CR, 02351/2021-CR, 02384/2021-CR, 02523/2021-CR, y otros.
