La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Américo Gonza (Perú Libre), aprobó esta tarde
el dictamen que propone la Ley que modifica la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, a fin de ampliar la gratuidad de la defensa pública a las personas víctimas y agraviadas.
El dictamen se sostiene en el Proyecto de Ley 4032/2022-CR y obtuvo 12 votos a favor, 4 votos en contra y 5 abstenciones.
Se modifica el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública para precisar la finalidad del servicio, y en un segundo artículo se agrega los incisos e) y f) al artículo 8 de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública.
El mencionado literal e) precisa que la defensa pública comprende la “asistencia legal que comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio en vía civil y penal a toda persona víctima, agraviados, deudos producto de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud prescritos en los artículos 106 al 129 del Código Penal”.
Mientras que en el literal f) se precisa que dicha asistencia legal “comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio a las personas que son denunciados penalmente cuando actúen en ejercicio de su función: serenos, rondas campesinas, rondas urbanas, juntas vecinales, red de cooperantes, bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas cuando actúen en Estado de Emergencia y a los miembros de la Policía Nacional cuando no sean asistidos por su institución”.
OMISIÓN DE FUNCIONES
Seguidamente, los integrantes de la comisión aprobaron el dictamen que propone la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para sancionar la omisión de funciones; iniciativa legislativa que se debatió durante la sesión plenaria del 8 de mayo último, y retornó a la comisión mediante una cuestión previa.
La iniciativa se sustenta en el Proyecto de Ley 6589/2023-CR y obtuvo 15 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.
De acuerdo con el análisis efectuado por el equipo técnico, la “propuesta otorga el beneficio de la seguridad jurídica al país, al fijar los parámetros de la interpretación a favor de los justiciables y el fortalecimiento de la tutela jurisdiccional efectiva”.
Otro beneficio, se explicita, “es la separación de poderes conforme a las funciones y roles que le compete al Poder Judicial y al Poder Legislativo”.
En ese contexto, se afirma, “realizar la interpretación auténtica de la ley, es fijar los parámetros de interpretación de la ley, extremo que es de facultad exclusiva del Legislativo, más no del Poder Judicial, en esa medida debe realizarse la interpretación auténtica de la Ley 31751”.
El dictamen contiene un artículo único, el cual modifica el artículo 84 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar un tercer párrafo:
“Artículo 84. Suspensión de la prescripción
“[…]
El incumplimiento de este artículo será sancionado con nulidad del acto, con responsabilidad funcional, conforme lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial; y penalmente, conforme a los dispuesto en el artículo 418 del Código Penal”.
INSISTENCIA
También se aprobó el dictamen de Insistencia que propone la Ley que modifica la Ley 29918, Ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional Contra la Trata de Personas, a fin de incorporar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar cuenta al Congreso de la República sobre el cumplimiento de las políticas nacionales referidas a la trata de personas.
La propuesta, que se sustenta en el Proyecto de Ley 5712/2023-CR, obtuvo 19 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención. El dictamen inicial fue aprobado durante la sesión plenaria del 13 de marzo del presente año; su autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo.
AMENAZA
Además, y luego de un amplio debate, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6758/2023-CR, que propone la Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para tipificar el delito de amenaza, pasó a un cuarto intermedio.
En otro momento, la congresista María Agüero Gutiérrez (PL) sustenta el Proyecto de Ley 6889/2023-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 957, Nuevo Código Procesal Penal, a fin de incorporar la declaración del imputado por medio tecnológico en el caso de no residir en el lugar o cerca de donde debe prestar declaración.
Inmediatamente, la parlamentaria Diana Gonzáles Delgado (AvP) sustentó el Proyecto de Ley 7760/2023-CR, Ley que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años.
Vía: NDP
