En un pronunciamiento, el mandatario Daniel Noboa señaló que Ecuador «respeta a todas las naciones y el derecho internacional», y que, en los últimos días, ha tomado decisiones excepcionales «para proteger la seguridad nacional».
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que «siempre» estará «dispuesto a resolver cualquier diferencia» con México, tras el asalto policial a la embajada del país norteamericano en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, una acción que ha sido condenada por diferentes países latinoamericanos y europeos.
En un pronunciamiento que se difundió a través de su cuenta en la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario dijo, no obstante, que «la justicia no se negocia» y que «jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos».
En palabras del mandatario sudamericano, Ecuador «respeta a todas las naciones y el derecho internacional», y que, en los últimos días, ha tomado decisiones excepcionales «para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas».
«Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo III del Acuerdo de Caracas, el artículo I de la Convención de Montevideo, y artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano», argumentó, justificando, de esta forma, la cuestionada irrupción a la sede diplomática mexicana.
TENSIÓN DIPLOMÁTICA
El viernes último, México otorgó asilo político al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien, desde el pasado 17 de diciembre, se encontraba refugiado en la embajada azteca en Quito, eludiendo una orden de captura por presunta corrupción. El político está imputado por el presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí y condenado a ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita.
Poco después de la entrada a la fuerza de agentes ecuatorianos en la embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
Los gobiernos de Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, así como la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenaron lo sucedido en Quito, al considerar que constituye una violación de la Convención de Viena, cuyo artículo 22 establece que los edificios diplomáticos «son inviolables y que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión».
