La plaza del Obelisco, habitualmente bulliciosa en el corazón de Buenos Aires, permanecía tranquila y desierta debido a la segunda huelga general convocada durante el mandato de Javier Milei en Argentina. Organizaciones sindicales afines al peronismo y la izquierda llamaron a la protesta en rechazo a las políticas laborales, la reducción del Estado y los ajustes impulsados por el presidente ultraderechista. A pesar de las versiones encontradas sobre el impacto del paro, tanto los sindicatos como el Gobierno sostenían sus argumentos.
Las tres principales federaciones obreras del país, la CGT y las dos ramas de la CTA, unieron fuerzas contra las medidas de Milei en defensa de la democracia, los derechos laborales y los salarios dignos. El transporte público y la administración estatal fueron los sectores más afectados por la huelga, con la cancelación de servicios de trenes, metro y vuelos, así como la paralización parcial o total de los autobuses.
Los sindicatos destacaron la alta adhesión a la medida de fuerza, con un 97% de apoyo según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Tanto ATE como la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) coincidieron en la generalización del paro, argumentando que la disminución de salarios reales y los despidos impulsados por el Gobierno fueron motivos contundentes para la protesta.
