Dina Boluarte, actual presidenta, ha decidido seguir los pasos de Pedro Castillo en un intento por evitar ser investigada por la Fiscalía. Autorizó al procurador público en materia constitucional a presentar una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC), buscando clarificar la aplicación del artículo 117 de la Constitución relacionado con los escenarios para acusar a un presidente. Esto surge en respuesta a la decisión del fiscal de la Nación de iniciar diligencias contra Boluarte por el caso Rolex, que incluyó allanamientos en su residencia y el Palacio de Gobierno.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, expresó su desacuerdo con la actuación de la Fiscalía, argumentando que esta excede los límites de su función y no sigue el precedente histórico del Ministerio Público. Arana señaló que, en el pasado, no se encontró mérito para investigar a otros ex presidentes como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala mientras estaban en el cargo. Considera que la situación actual con Boluarte es incoherente con este historial y representa un mal manejo de la fiscalía.
Este movimiento de Boluarte refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, así como la creciente polarización en la política peruana. La presentación de una demanda competencial ante el TC busca proteger a la presidenta y cuestionar la legalidad de las investigaciones en su contra. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de estas investigaciones y el papel del Ministerio Público continúa en aumento en el país.
