El Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presidido por el juez Carlos Larios Manay, comenzó ayer a las 8:30 a.m. la audiencia virtual de juicio contra el exalcalde Marcos Gasco y exfuncionarios municipales de Chiclayo por el presunto delito de colusión agravada. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, liderada por la fiscal Karim Ninaquispe Gil, ha solicitado seis años de prisión para los acusados, quienes supuestamente habrían pactado ilegalmente con la empresa Veolia Servicios Perú SAC para el alquiler de compactadoras por más de un millón de soles en un proceso de contratación directa.

Según la Fiscalía, la empresa adjudicada no cumplía con los requisitos establecidos en las bases y términos de referencia, como lo señaló el Órgano de Control Institucional del municipio de Chiclayo. Este irregular contrato habría ocasionado un perjuicio económico de 249 mil soles a la comuna. La audiencia de ayer, programada hasta la 1 p.m., se continuará el 11 de este mes a las 8:30 a.m.

Entre los acusados por colusión agravada se encuentran el exalcalde Marcos Gasco, Cinthya del Milagro Flores Humanquispe (exgerente encargada de Asesoría Jurídica), José Germán Flores Cabanillas (exgerente de Asesoría Jurídica), Cristian Rosenthal Ninapaytan (exgerente municipal), y Ricardo Romero Rentería (exgerente municipal). También están acusados Luis Alberto Ponce Ayala (exgerente de Planeamiento y Presupuesto), Juan Ibáñez Álvarez (exgerente de Administración), Adriana Ghersi Burga (exjefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos), y Edgardo Augusto Siaden Ortega (exsubgerente de Logística), además de los representantes de Veolia Servicios Perú S.A.C., Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.

La Fiscalía también solicita la inhabilitación para ocupar cargos públicos para todos los imputados durante el mismo periodo de la pena. Además, ha propuesto una pena alternativa de cuatro años de prisión para los exfuncionarios por el presunto delito de negociación incompatible.

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