La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba preocupada en abril del 2023 cuando se enteró del megaoperativo de incautación de bienes en varios locales de la Universidad Alas Peruanas (UAP), a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
El operativo supondría una ruptura con el fujimorismo y la búsqueda de sus tesis nunca antes vistas, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder, que recoge nuevas declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. La diligencia exaltó a Benavides.
“Le preocupaban dos cosas: primero, que los fujimoristas se iban a molestar con ella y se iban a poner en su contra. Y la segunda preocupación [era] que Rafael Vela [excoordinador de las fiscalías contra el lavado de activos] lo que buscaba era la tesis”, declaró su exmano derecha, quien viene cooperando con la justicia.
Ramírez, excongresista del partido naranja y mayor financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es sobrino del fallecido dueño de la UAP, institución no licenciada que, según la tesis fiscal, fue usada por él y su familia para hacer negocios con empresas fachada y obtener dinero ilícito que luego sostuvo las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
