Martín Vizcarra enfrenta una acusación relacionada con su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, centrada en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Actualmente, se encuentra con impedimento de salida del país por 12 meses y ha sido inhabilitado por el Congreso para ejercer funciones administrativas durante 10 años. Esta situación se agrava con el inicio del juicio, donde el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, ha solicitado una pena de 25 años de prisión por presuntas acciones ilícitas.
La solicitud del fiscal se basa en evidencias sólidas, incluyendo testimonios comprometedores como el de José Manuel Hernández, un colaborador eficaz y ex amigo de Vizcarra, quien proporcionó chats que incriminan al ex presidente. Según Hernández, Vizcarra habría solicitado que recibiera un millón trescientos mil soles de la constructora ICCGSA por la obra del Hospital de Moquegua. Este testimonio y otras pruebas presentadas respaldan la petición del fiscal Juárez Atoche.
Ante la contundencia de las pruebas, la fiscalía ha solicitado que se amplíe la acusación contra Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión, lo que implicaría enfrentar cargos adicionales por cohecho pasivo y colusión. Esta situación representa un escenario legal desafiante para el ex presidente, cuya defensa enfrentará un juicio que podría tener consecuencias significativas en su futuro político y legal.
