El restablecimiento de un régimen laboral especial para el sector acuícola podría ser una medida crucial para fomentar la formalización de esta industria, pero es vital implementar límites y plazos específicos para asegurar su efectividad y evaluar su impacto en función de los objetivos establecidos, según el abogado Daniel Robles Ibazeta. Robles destacó que la acuicultura es una de las actividades productivas sostenibles con menor huella de carbono y se refirió a las consecuencias de la derogación de la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria, en este sector y sus trabajadores.
La ausencia de una normativa adecuada para la acuicultura, que es una actividad estacional y a menudo influenciada por factores climáticos, ha generado efectos negativos. Según Robles, sin un régimen adecuado, los empleadores enfrentan altos costos en las contrataciones, lo que podría llevarlos a operar informalmente. Datos del Ministerio de la Producción indican que el 86% de esta actividad es informal, lo que priva a los trabajadores de beneficios sociales como seguro de salud, aportes previsionales y compensaciones por despido.
Robles sugirió que la reinstauración de un régimen laboral especial para la acuicultura debe considerar ciertos límites y condiciones para garantizar su efectividad. Una opción es condicionar el régimen a metas de producción e ingresos, incentivando a las empresas a cumplir con estándares y formalizar sus operaciones. También propuso fijar un plazo concreto para estos beneficios, vinculado a objetivos específicos, para asegurar que el régimen sea temporal y motive la formalización.
Además, Robles recomendó que el Estado adopte un enfoque similar al régimen agrícola, ofreciendo incentivos laborales y tributarios, y proporcionando apoyo a las empresas formales mediante bonos, préstamos y coberturas mejoradas. Es crucial, dijo, que la fiscalización sea menos punitiva y más orientadora, para evitar el cierre de actividades y fomentar el empleo. La colaboración entre el Estado, empleadores y trabajadores es esencial para establecer un régimen que promueva la formalización y garantice los derechos laborales.
